El río Magdalena es conocido como la principal arteria fluvial de Colombia, debido a aspectos de distinta naturaleza: su caudal y gran extensión, y el hecho de que atraviese todo el país de sur a norte; su territorio, que comprende el 49% de la población de Colombia, y adicionalmente, el hecho de que proporcione servicios económicos y ambientales de importante sustento para el país. Igualmente, la cuenca del río Magdalena trae consigo unas dinámicas sociales, económicas y ambientales fundamentales en torno al río y al territorio que lo rodea. No obstante lo anterior, y las potencialidades que trae consigo el desarrollo de la cuenca, los asentamientos humanos que se han establecido en el territorio y sus actividades productivas han causado un gran impacto ambiental sobre la cuenca, que se ha venido manifestando en la contaminación de aguas y suelos, disminución de la biodiversidad y los recursos forestales, entre otros. Esto afecta notablemente la disponibilidad de bienes y servicios ambientales que ofrece la cuenca, pues genera amenazas de desastres naturales y consecuentemente incrementa la vulnerabilidad de los asentamientos humanos en la cuenca del río Magdalena. Con este punto de partida, la Procuraduría General de la Nación ha identificado la existencia de planes y programas, de nivel central y territorial, que han encaminado esfuerzos para afrontar algunas problemáticas identificadas al interior de la cuenca, pero que no han repercutido en una escala mayor, debido a que los esfuerzos son aislados, no coordinados y discontinuos en el tiempo. Se resalta, por ejemplo, que a la fecha no existe una política pública integral que articule de manera sistémica el desarrollo sostenible de toda la cuenca. Lo anterior, aunado a las condiciones de deterioro y disminución de la calidad ambiental del río y de la cuenca, motivaron al Ministerio Público, por medio de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a realizar un seguimiento a aspectos sociales, económicos y ambientales de la cuenca del río Magdalena, en ejercicio de la función preventiva y de control de gestión. De esta manera, se busca identificar a partir de información proporcionada por las entidades públicas que tienen competencia en dicha cuenca (alcaldías municipales, gobernaciones y autoridades ambientales) algunas variables que sistemáticamente han repercutido en el deterioro de la cuenca. De esta manera, el presente informe tiene como objetivo general caracterizar el estado social, económico y ambiental, de la gran cuenca del río Magdalena que sirva como insumo para fomentar la implementación de políticas públicas que promuevan su desarrollo sostenible. Tiene por objeto la prevención en estricto sentido; es decir, promover e impulsar un conjunto de políticas, planes, programas o acciones dirigidas a evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la Constitución y la ley atribuibles a agentes del Estado o a particulares que cumplan funciones públicas, a partir de la elaboración de investigaciones y alertas pertinentes. Con fundamento en lo anterior a través de este estudio se evalúa la efectividad de las entidades del Estado en torno al río Magdalena en cuanto a la ejecución de las políticas públicas a través de planes y programas que deben llevarse a cabo de forma individual y articulada por parte de las entidades que hacen parte de la cuenca del río Magdalena. En relación con la metodología, este informe se realizó por medio de un instrumento de recolección de información, consistente en una encuesta de preguntas cerradas en su mayoría, que evalúan temáticas específicas, con la que se buscó obtener información de las Autoridades Ambientales, Gobernaciones y Alcaldías de municipios ribereños y no ribereños, en relación con aspectos sociales, económicos y ambientales que se afrontan en la cuenca. Para realizar esta encuesta, se tomó como referencia el marco de indicadores temáticos de la división de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UN-DSD) y la propuesta de indicadores básicos CEO, ambos definidos en el “Manual de capacitación para Evaluación Ambiental Integral y elaboración de informes” propuesto por el PNUMA. Los destinatarios de la encuesta son las alcaldías de los 596 municipios que conforman la cuenca del río Magdalena, y que son considerados tanto como ribereños (128 municipios) como no ribereños (468 municipios). La encuesta fue diligenciada por 393 de los 596 municipios que hacen parte de la cuenca del río Magdalena, equivalente al 66% del universo propuesto. De los 393 municipios que dieron respuesta al requerimiento, 109 de ellos corresponden a municipios ribereños y 284 no ribereños. Se dirigió además a las 31 autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca del río Magdalena (AMVA, CAM, CAR, CARDER, CARDIQUE, CARSUCRE, CAS, CDMB, CORANTIOQUIA, CORMACARENA, CORNARE, CORPAMAG, CORPOAMAZONIA, CORPOBOYACÁ, CORPOCALDAS, CORPOCESAR, CORPOCHIVOR, CORPOGUAJIRA, CORPOGUAVIO, CORPOMOJANA, CORPONOR, CORPORINOQUIA, CORTOLIMA, CRA, CRC, CRQ, CSB, CVC, SEC DE AMB. DE BOGOTÁ, DAMAB, EPA). De estas 31 autoridades se obtuvo respuesta de 26 de ellas, lo cual equivale al 84% del total. Y además, se dirigió a las 22 gobernaciones departamentales, en cuya jurisdicción existen municipios ribereños y no ribereños del Magdalena (Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cagueta Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tofima, Valle del Cauca). La encuesta fue respondida por 15 gobernaciones de un total 22 departamentos en cuya jurisdicción hay municipios pertenecientes a la cuenca de río Magdalena, lo que equivale a un 68% del total de gobernaciones encuestadas. Se analizaron 3 dimensiones: La dimensión social, en la que se investigaron temas como demografia, educación, salud, equidad social, procesos sancionatorios disciplinarios a servidores públicos, y vivienda; la dimensión económica, en la que se consideraron temas como el desempeño y las actividades económicas; y finalmente la dimensión ambiental, en la que se investigó sobre agua dulce, atmósfera, biodiversidad, bosques, contaminación del suelo, gobernanza ambiental, manejo y prevención del riesgo y desastres naturales, ordenamiento territorial y sostenibilidad. En la quinta parte del documento, se expone el marco jurídico que directa o indirectamente rigen la regulación, manejo y protección de la cuenca; específicamente en relación con los temas y dimensiones que se estudiarán en el informe. En la sexta parte, se analiza el marco conceptual del documento, específicamente el concepto de Evaluación de Impacto Ambiental; ya que se escogió dicha metodología para analizar la información, ajustándola a la situación de la cuenca del río Magdalena, principal vertiente colombiana. La utilidad de la información obtenida recae en la importancia de brindar insumos consistentes para la toma de decisiones y planificación de políticas públicas. Con esto se busca un análisis global y sistemático donde se estudien las relaciones causales de los impactos y la situación actual, teniendo en cuenta la resiliencia, reversibilidad, tendencia y comportamiento de la cuenca hidrográfica y las referencias definidas en la legislación. Adicionalmente, se señala el marco referencial, conformado por publicaciones de diferentes entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que en ejercicio de sus funciones han adelantado investigaciones desde el ámbito ambiental con relación a la cuenca del río Magdalena. Se exponen publicaciones de Cormagdalena, el Departamento Nacional de Planeación, el IDEAM, la Defensoría del Pueblo, la CAR, y el IGAC. En la octava parte del Informe se presentan los resultados de los análisis de la dimensión social. En primer lugar, se analiza la demografía de la cuenca del río Magdalena: se estudió la dinámica poblacional concluyendo que en los municipios ribereños habitan más de 5.6 millones de personas, con mayor concentración en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Huila. Se estudió además la composición de la población, el crecimiento poblacional y la tasa de natalidad. En segundo lugar, se analizó el tema de la educación, en el cual se consideraron aspectos como la tasa de analfabetismo y de deserción escolar. En tercer lugar, en relación con la salud, se observaron asuntos como la desnutrición, la inocuidad alimentaria, las plantas de beneficio animal, y la morbilidad y su relación con la calidad del agua del río Magdalena. En cuarto lugar, se examinó lo concerniente al tema de seguridad en la cuenca del río Magdalena. Se indagó sobre la presencia de grupos ilegales y se encontró la existencia de guerrilla en 86 municipios, de autodefensas en 35 municipios, de pandillas en 72 municipios y de Bacrim en 49 municipios. También se analizaron temas de equidad social, como la perspectiva de género y la existencia de programas de apoyo y fomento a la mujer. Se analizó además el tema de procesos sancionatorios disciplinarios a los funcionarios públicos en la región de la cuenca, y el riesgo de corrupción existente. Esta información no fue recolectada mediante la encuesta a municipios y gobernaciones departamentales de la cuenca. El dato analizado fue suministrado directamente por el Sistema Misional de Información de la Procuraduría General de la Nación — SIM. Los resultados dan cuenta que en el periodo en cuestión se han impuesto 7635 sanciones disciplinarias a servidores públicos de la cuenca del Río Magdalena. Esta situación se constituye en una alarma sobre el riesgo de corrupción en las entidades públicas del orden departamental y municipal que tienen a su cargo la administración de los recursos y servicios públicos en la cuenca. Finalmente, se estudió el tema de la vivienda en el área de la cuenca del río Magdalena, específicamente el tema de las condiciones de vida y la vivienda propia. Por último, se finaliza esta parte con unas conclusiones de la dimensión social, y se encuentra que se trata de una región altamente poblada, con unas cifras importantes en materia de analfabetismo y deserción escolar. Se encontró además la existencia de un alto número de plantas de sacrificio animal sin contar con las condiciones mínimas de salubridad, la falta de control por parte de las entidades respectivas y la proliferación de plantas de sacrificio ilegal de ganado, son un riesgo ambiental y sanitario que impiden la inocuidad de la cadena cámica. Otro factor asociado a la salud de los habitantes de los municipios ribereños de la cuenca, es la morbilidad ocasionada por las aguas consumidas, pues como se verá, la calidad de potabilización y tratamiento de las aguas del río Magdalena es muy baja. Adicionalmente, se observa que en materia de seguridad, la presencia de grupos ilegales es una realidad en varios municipios de la cuenca del río Magdalena, y existe un riesgo de corrupción importante que hace necesario que las entidades públicas del orden municipal de la cuenca promuevan e impulsen todas las acciones necesarias tendientes a limitar dicho riesgo y a fortalecer la institucionalidad municipal. De otro lado, en la novena parte del documento, se presentan los resultados de la investigación de la dimensión económica. Se evalúa el desempeño económico en la cuenca del río Magdalena, y en relación con el crecimiento económico, se analizó el Producto Interno Bruto — PIB de los departamentos que conforman la cuenca. Los datos establecidos muestran el gran peso que tiene en la productividad nacional, la productividad de los departamentos que conforman la cuenca del río Magdalena. Se abordan además temas relacionados con precios, inflación, ocupación y nivel de tasa de desempleo, y adicionalmente para este aspecto se analizaron dos variables una correspondiente al nivel de ocupación femenina en el sector rural, y otra que da cuenta de la situación de empleo de niños y niñas de la cuenca del río Magdalena. En relación con este último punto, se observó que si bien es cierto el porcentaje de niños trabajadores puede ser no muy representativo para algunos municipios, en términos ambientales, hay un costo de oportunidad muy alto en términos del aprendizaje sobre la sostenibilidad y el cuidado de la naturaleza que se imparte en las aulas de clase de las escuelas. Cuando los niños abandonan a escuela para trabajar, se pierde oportunidad de realizar una importante labor de concienciación de sostenibilidad ambiental. En relación con las actividades económicas, se analizaron distintos aspectos y variables. Por ejemplo, sobre el tema de la agricultura, se cuestionó sobre las zonas de cultivo permanentes, y se encontró que para el 23% de los municipios de la cuenca el área total de cultivo permanente dentro de sus jurisdicciones es inferior al 15% y para el 18% de los municipios dicha área se encuentra entre el 15 % al 30%. De lo anterior se colige que las zonas dedicadas a la agricultura en los municipios de la cuenca del río Magdalena no son en su mayoría cultivos permanentes. Frente a la minería, la Procuraduría General de la Nación ya había realizado un estudio previo sobre los alcances de la minería ilegal en Colombia, y especificamente en relación con el presente estudio, se encontró que persiste la carencia de información procesada, valorada y cualificada sobre explotaciones mineras ilegales. Lo anterior se manifestó en que el 34% de los municipios de la cuenca “no saben/no responden” respecto a la cual es el porcentaje de minería de hecho o ilegal en sus jurisdicciones. Adicionalmente, y considerando que las licencias ambientales son el principal mecanismo de control sobre los recursos naturales renovables se le preguntó a los municipios de la cuenca del Río Magdalena respecto al total de proyectos mineros que se realizan en sus jurisdicciones, que porcentaje de ellos cuenta con licencia ambiental. La respuesta proporcionada por los municipios inquieta, pues un gran porcentaje de ellos manifiesta que menos del 15% de proyectos mineros que se realizan en sus jurisdicciones cuenta con licencia ambiental. Peor aún, el segundo gran porcentaje de municipios indica no saber sobre este tema. En relación con esta actividad económica, se identificaron los principales productos mineros explotados en la región: hidrocarburos (en el 6% de los municipios), carbón (en el 2% de los municipios), arenas, gravas y gravillas (23% de los municipios); aurífera de filón (2% de los municipios), aurífera de aluvión (4% de los municipios). En cuanto a la producción de energía, 35 municipios informaron contar con hidroeléctrica en su jurisdicción, 3 municipios indicaron tener 2 hidroeléctricas y 4 municipios informaron tener 3. Así mismo, en la cuenca del río Magdalena fue reportada la existencia de t termoeléctrica en la jurisdicción de n municipios y 2, termoeléctricas en la jurisdicción de i municipio. Finalmente, en relación con el Turismo, es claro que la riqueza paisajística del río Magdalena, sus recursos naturales y biodiversidad pueden ser considerados como un atractivo turístico, con el cual se impulse alrededor del río Magdalena el turismo, el ecoturismo y recreación. Lo anterior se debe dar sin desconocer la importancia del desarrollo sostenible y amigable tanto como con el río Magdalena como con los ecosistemas y biodiversidad que hagan parte de las zonas de impacto donde se deseen fomentar los enclaves turísticos. Frente a lo anterior, el 77% de las Gobernaciones en cuya jurisdicción se localizan municipios ribereños, indicó la realización de actividades de fomento al turismo específicamente en las zonas ribereñas del Magdalena. Por último, se concluye el examen de esta parte económica afirmando que las ventajas hídricas, climáticas, y geomorfológicas de la zona, que además de generarle una riqueza natural invaluable, confluyen para que la cuenca sea una zona altamente productiva en términos económicos Esto se puede apreciar en que los departamentos de la cuenca muestran una tendencia creciente y positiva en su productividad. No obstante lo anterior, existe una tendencia al desempleo, especialmente en los departamentos que conforman el eje cafetero, que son los más agobiados por dicha problemática. Se encontró además que es muy bajo el número de cultivos permanentes en el área de la cuenca del río Magdalena, y que en materia de explotación minera, existe un alto desconocimiento por parte de los municipios respecto a la minería ilegal que se adelanta en sus jurisdicciones. Por último, se analiza la tercera dimensión, la ambiental, que conforma el grueso del informe, y el eje fundamental del estudio. En primer lugar, se estudió el tema del agua dulce. En relación con el acceso al agua potable, a través de la encuesta se quiso obtener información de primera mano de los municipios de la cuenca del Río Magdalena para el análisis de la problemática “Calidad de Agua”, y se indagó acerca de la existencia de plantas de potabilización de agua y su funcionamiento y de la cobertura del servicio de acueducto. En segundo lugar, en relación con la administración del recurso hídrico, se preguntó acerca del manejo de aguas superficiales, particularmente sobre las concesiones de aguas superficiales otorgadas por las autoridades ambientales, con un total de 32.019 en toda la región estudiada, entre el 2007 y el 20n. Se preguntó además por las concesiones de aguas subterráneas, su exploración y explotación. Se encontró una falta de vigilancia en el tema preocupante, que puede conllevar a que la degradación del recurso hídrico de la cuenca del río Magdalena pase inadvertida, ya sea por sobrexplotación o por contaminación.En tercer lugar, se evaluó la problemática de los usos del agua en la cuenca. Se encontró lo siguiente: Según la información suministrada por el 81% de las autoridades ambientales que tienen jurisdicción sobre la cuenca del río Magdalena, el consumo hídrico destinado para el uso doméstico de los habitantes rurales es menor del 25% de la demanda total de agua de su jurisdicción. En relación con el uso doméstico de los habitantes urbanos de sus jurisdicciones, el 54% de las autoridades ambientales señalaron que el consumo hídrico destinado para este fin es menor del 25% de la demanda total de agua en su jurisdicción. Frente al uso industrial del agua, se encontró que éste es menor del 25% de la demanda total de agua. Sobre el uso del sector servicios, el 58% de las autoridades ambientales reporta que en sus jurisdicciones menos del 25% de la demanda total de agua es destinada a usos del sector servicios. Frente al uso agrícola, el 62% de las autoridades ambientales reportan que el consumo hídrico destinado para este uso es menor del 25% de la demanda total de agua de su jurisdicción. Finalmente, el 81% de las autoridades ambientales indican que el consumo hídrico destinado para el uso pecuario de los habitantes urbanos es menor del 25% de la demanda total de agua de su jurisdicción. En cuarto lugar se analizó el tema del alcantarillado ye! manejo de aguas residuales. Las respuestas suministradas permitieron identificar que de los 393 municipios que hacen parte de la cuenca del río Magdalena, el 45% (tSo municipios) informó no tener plantas de tratamiento de aguas residuales en sus jurisdicciones. A su vez, 212 municipios reportan contar con al menos una planta de tratamiento. En quinto lugar, se preguntó por el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Se encontró que en la mayoría de los municipios, el proceso de saneamiento y Tratamiento de los vertimientos se encuentra en un nivel de alcance bajo, entre el 25% y el 5o%. Se preguntó adicionalmente por la recolección, el transporte y el tratamiento de aguas residuales; por la disposición final de aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado. De otro lado, se estudió el tema de la contaminación de las aguas del río Magdalena. Se encontró que el 52% de los municipios ribereños vierten sus aguas directamente a las aguas del río. Con el fin de identificar el nivel de control que ejercen las autoridades ambientales respectivas sobre los vertimientos que se efectúan por los municipios que pertenecen a la cuenca del río Magdalena, se les preguntó a las corporaciones autónomas regionales de la cuenca del Magdalena, sobre el hecho de sí en los municipios de su jurisdicción hay vertimiento de aguas al cuerpo hídrico. Adicionalmente, bajo este contexto, se buscó identificar el número de permisos de vertimientos otorgados sobre las riberas del río por parte de las autoridades ambientales, en cuya jurisdicción existen municipios ribereños. Resulta preocupante la situación encontrada, pues algunas autoridades manifiestan no conocer el número de permisos de vertimientos otorgados, actividad de su entera competencia. Resulta igualmente preocupante que el 63% de los municipios indica no realizar tratamiento previo de las aguas residuales antes de efectuar su disposición final, vertiéndolas al río. Las respuestas obtenidas tanto de los municipios ribereños como de las autoridades ambientales de cuya jurisdicción hacen parte, en relación con el bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales antes de su vertimiento al río Magdalena resultan altamente preocupantes toda vez que no solo se está afectando negativamente la calidad del agua del río, sino que se está poniendo en riesgo la biodiversidad y a las poblaciones que dependen e interactúan directamente con ese río, toda vez que se genera un impacto negativo a nivel ambiental y sanitario que afecta el ecosistema acuático al aumentar los niveles de nutrientes, llegando a generar procesos de eutrofización, como también contaminación bacteriológica y de microorganismos patógenos por aguas negras. Se investigó también sobre la contaminación del río por aceites o petróleo, vertimientos de residuos peligrosos a los cuerpos hídricos que confluyen a la cuenca, la eristencia de protocolos para el tratamiento de residuos peligrosos, y se encontró que el 85% de las autoridades ambientales no cuentan con protocolos y/ o planes de acción para contrarrestar los efectos negativos de estas prácticas irregulares. Por otra parte, se analizaron los instrumentos económicos, como las tasas retributivas, y se halló que el 6z% de autoridades ambientales no realiza el cobro de tasas diferenciales para los distintos vertimientos que se realizan a los diferentes cuerpos de agua dentro de su jurisdicción. En general para los cinco años de estudio (2007-2010 se puede decir que el recaudo de dinero por tasas retributivas, fue importante, y hubo autoridades que manejaron excelente presupuesto para el cumplimiento del objeto de la tasa, lo que debería vislumbrarse en el estado actual de la cuenca del río Magdalena y sus afluentes. Sin embargo, sí quedan dudas frente a la verdadera gestión de las autoridades frente al proceso de cobro y al cumplimiento de la norma sobre el proceso de recaudo y cobro del instrumento económico. De otro lado, en lo relativo al tema atmosférico en la cuenca del río Magdalena, se analizó en primer lugar el tema del cambio climático. Según las respuestas obtenidas, el 31% de las autoridades no efectúan mediciones de material particulado (CARDIQUE, CARSUCRE, CORPAMAG, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORPOMOJANA, CSB Y EPA) Adicionalmente, preocupa que un 4% de las autoridades no puedan contestar si están efectuando dichas mediciones (CAR Y DADMA). En segundo lugar, se buscó conocer si las autoridades ambientales de la cuenca del río Magdalena han fomentado proyectos de mecanismos de desarrollo limpio en su jurisdicción, en cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia con la ratificación del protocolo de Kyoto mediante la Ley 629 de zoo°. De las autoridades que dieron respuesta a la encuesta, el 23% (6 autoridades ambientales) no han fomentado en su jurisdicción proyectos de mecanismos para desarrollo limpio. El 73% de las autoridades ambientales han fomentado proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) sin embargo no se ve reflejado en lo reportado por las mismas en cuanto al número de estos proyectos realizados en su jurisdicción por lo que se concluye que hay poca concordancia en la información presentada. En lo concerniente al tema biodiversidad en la cuenca del río Magdalena, se indagó sobre diversas problemáticas y variables. Por ejemplo, se preguntó sobre el comercio ilegal de especies silvestres. Las autoridades ambientales fueron consultadas para diagnosticar algunas temáticas del estado actual de la biodiversidad en la cuenca del río Magdalena lo anterior teniendo en cuenta que estas hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual debe garantizar la puesta en marcha de los principios generales ambientales establecidos en la Ley 99 de 1993. Para abarcar el tema del comercio ilegal de especies, se tuvo en cuenta el decomiso por tráfico ilegal, en las jurisdicciones de las autoridades ambientales, en el periodo de tiempo comprendido entre el año 2007 y 2.011. En relación con la flora, la Delegada ve con preocupación que en términos generales, existe una ausencia en el reporte de decomisos de especies florales, según lo indicado por las autoridades ambientales. La situación del tráfico ilegal de fauna silvestre es preocupante y alarmante, según lo demuestran los valores reportados. Según lo informado por las autoridades ambientales, cuatro de estas reportan que para el año 2011 se adelantaron más de mil (L000) capturas. Dentro de estas, CARDIQUE presenta números muy elevados, llamando la atención en el número de decomisos realizados durante el año 2009, el cual asciende a 8845, de los cuales el 13.54% representan especies catalogadas como amenazadas. Igualmente, CORANTIOQUIA mantiene un alto índice de decomisos a lo largo de los años evaluados. Por otro lado, CORPOBOYACÁ reporta que el loa% de los decomisos involucran especies amenazadas. Ya su vez, la CSB reporta altos porcentajes de decomisos de este tipos de especies. Finalmente, se hace necesario resaltar que es alarmante para esta Delegada que CORPAMAG, CORPOGUAVIO, CORTOLIMA y EPA manifiesten no tener conocimiento de los decomisos que adelantan y del seguimiento a los reportes de decomisos de especies catalogadas como amenazadas dentro de sus jurisdicciones. Con la información suministrada a través de la encuesta los valores reportados por las autoridades demuestran que se están realizando un número considerable de decomisos por tráfico ilegal de especies maderables. Sin embargo muy pocas de estas reportan con certeza, si estos decomisos incluyen especies amenazadas. De hecho, es alarmante el desconocimiento por parte de las corporaciones de los reportes de decomisos de especies maderables. Adicionalmente, se preguntó a las autoridades ambientales por el número total de especies que están en peligro de extinción dentro de su jurisdicción de acuerdo a las siguientes categorías: fauna, flora y especies maderables. También se solicitó informar de estas especies, cuáles se han catalogado en peligro crítico de extinción y para cuáles de ellas hay planes de conservación. Como otra medida para evaluar el estado actual de la biodiversidad, se buscó mirar el grado de afectación ocasionada por el transporte de sedimentos del río Magdalena y por ende la pérdida de hábitat que para algunas especies esto genera. Para tal fin se consultó a las autoridades ambientales costeras de la cuenca del río Magdalena sobre la existencia de reportes o estudios que demuestren que el transporte de cargas crónicas y sedimentos del río Magdalena haya generado afectaciones como la reducción del volumen de los estuarios, reducción de las lagunas costeras, pérdida de la estabilidad de las playas, pérdida de poblaciones de especies acuáticas (h167% de las autoridades ambientales costeras de la cuenca del río Magdalena informó no saber si cuenta con reportes que demuestren las anteriores problemáticas). Por otra parte, se investigó acerca de los bosques. En primer lugar, en relación con la ordenación forestal, se preguntó por la ubicación y extensión de Reservas de la sociedad civil, reservas de la biosfera, zonas de reserva forestal y áreas de conservación y protección municipal en la cuenca. Como regla general, se encontró que las autoridades, de manera general, no reportaron correctamente la existencia de dichas áreas en su jurisdicción, en incongruencia con la información obtenida de autoridades como la UASPNN o el MADS, en grave incumplimiento de la normatividad vigente en la materia. Igualmente, alarma el desconocimiento de las autoridades ambientales con relación a nacimientos de agua y de zonas de recarga de acuíferos, reconocimiento que se hace necesario para el ordenamiento de cuencas; y desconcierta que aun existiendo la política nacional para humedales interiores de Colombia, y que el país reconozca la importancia ecosistémica y la vulnerabilidad del mismo, algunas autoridades ambientales no tengan conocimiento de la existencia de humedales dentro de sus jurisdicciones. Otro punto fundamental para la ordenación forestal es identificar con precisión el área de los parques nacionales naturales en jurisdicción de las autoridades ambientales. Por tal razón se le solicitó a las autoridades ambientales de la cuenca del río Magdalena informar la extensión de las áreas de parques nacionales naturales en la cuenca. Por ejemplo, es preocupante que autoridades como AMVA, CAR, CDMB, CRA y CVC no respondan a si dentro de su jurisdicción es posible encontrar parques nacionales naturales, especialmente porque dentro de la jurisdicción de la CVC se encuentran los PNN Las Hermosas, Tatama y Uramba Bahía Málaga y en la CAR los PNN Chingaza y Sumapaz. De otro lado, ante la inminente tasa de deforestación que se viene presentando en Colombia, la PGN consideró fundamental efectuar seguimiento a la gestión de las autoridades ambientales respecto a esta problemática, y se preguntó a las autoridades por el número de hectáreas deforestadas de bosque natural y bosque plantado en el área de su jurisdicción. 18 autoridades ambientales, es decir el 69% de las mismas reportan no saber el número de hectáreas deforestadas de bosques naturales; lo mismo ocurre con el conocimiento de las hectáreas deforestadas de bosque plantado donde el 8o% de las autoridades reportan “no sabe/ no responde” Esto es inaceptable, debido a que no se entiende por qué las autoridades desconocen este tipo de respuestas, cuando en cabeza de ellas está la responsabilidad de emitir los permisos correspondientes de aprovechamiento forestal. Los resultados también indican que las autoridades ambientales no conocen la tasa de deforestación en su jurisdicción y tampoco conocen el uso del suelo de dichas zonas. Con relación al porcentaje de hectáreas dedicadas al uso pecuario, agrícola, agroforestal y de cultivos ilícitos, donde en general el 88% de las autoridades ambientales desconocen la destinación de las tierras. En relación con las zonas de reserva forestal y su sustracción, los resultados indican que no hay control y seguimiento responsable de las reservas forestales, por parte de las autoridades de la cuenca del Magdalena, puesto que no sabe o no responden si ha habido reducciones en las zonas de reserva forestal. Por otra parte, se trató el tema de la contaminación del suelo de la cuenca del río Magdalena. En primer lugar, se preguntó por el manejo y disposición de residuos sólidos. Por ejemplo, se encontró que de los municipios de la cuenca que respondieron la encuesta solo en el 44% de ellos existe un sistema de barrido de residuos sólidos; además, según las respuestas de los municipios a la encuesta, en su gran mayoría en el servicio de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos en los municipios de la cuenca es realizado a través de empresas ESP (64,38%), mientras que en el 31,5% de los municipios de la cuenca estas labores son realizadas directamente por el municipio. Adicionalmente, se preguntó por la disposición final de los residuos sólidos, la Institucionalización de campañas de reciclaje, entre otros aspectos. El estudio continúa con el tema de la degradación del suelo. Se les solicitó a las autoridades ambientales indicar el porcentaje de área de su jurisdicción que ha sido afectada en los últimos cinco años por desertificación, aridez, erosión hídrica, erosión eólica y salinización de la tierra. De la información obtenida se concluye que quince (15) corporaciones reportaron no saber si en su jurisdicción es posible encontrar algún tipo de degradación y diez (to) indican que en su jurisdicción no hay. Sin embargo, estas respuestas son motivo de sorpresa para este Despacho, teniendo en cuenta el estudio realizado por el IDEAM (z000) donde se encontró que el 48% del territorio colombiano presenta algún grado de degradación. Como sexto tema, se estudió el ordenamiento territorial. Se analizó la existencia de Resguardos indígenas, Zonas de reserva indígena y zonas de reserva campesina. Asimismo, se preguntó a los municipios si ya se realizaron los ajustes y actualizaciones del esquema territorial correspondiente (Plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT)). Teniendo en cuenta que todos los municipios deberían realizar actualización del plan de ordenamiento territorial conforme al Art. 2 de la Ley 902 de 2004, tan solo el 31,55% de los municipios de la cuenca que respondió la encuesta, reportó haber realizado tanto ajustes como actualizaciones, un porcentaje mínimo teniendo en cuenta la obligatoriedad de dicha actuación, y es preocupante que el 65,90 % de los municipios reportan no haber realizado este ajuste. Igualmente, con el fin de conocer si el componente ambiental en lo urbano y lo rural, se había dimensionado en los esquemas de ordenamiento territorial, se le preguntó a los municipios ribereños y no ribereños, si este aspecto había sido o no tenido en cuenta, obteniendo como respuesta que el 86,01% si había dimensionado este importante elemento dentro del POT, PBOT o EOT correspondiente. Se tratan además los siguientes temas: Manejo ambiental en las rondas de ríos, inclusión de la perspectiva de género en el plan de desarrollo municipal, ordenamiento de cuencas, y la existencia de planes de ordenamiento y manejo de cuencas, y planes de manejo ambiental de humedales. En séptimo lugar se trató el manejo y prevención del riesgo y atención de desastres naturales en el área de la cuenca objeto de estudio. Se identificó que los riesgos naturales asociados a la ribera del Magdalena son principalmente deslizamientos, desbordamientos e inundaciones. Así pues, se les preguntó a las autoridades ambientales, en las que su jurisdicción limita con los bordes del río Magdalena, la ocurrencia de esos desastres en sus territorios. En general y atendiendo a lo presentado por las autoridades ambientales donde prima el desconocimiento no se puede presentar una visión general de la situación de la cuenca del Magdalena en cuanto a los riesgos naturales descritos. De hecho se reconoce el incumplimiento por parte de las mismas, pues es función de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud de que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. Lo mismo sucede para el caso de los incendios forestales. Se preguntó también por la Identificación en el POT de desastres naturales que se presentan con mayor frecuencia en la jurisdicción de las Autoridades Ambientales, el establecimiento de asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo debido al crecimiento poblacional los asentamientos de población 10ca1i7ad05 a orillas del río Magdalena, la existencia de sistemas de alertas y normas que prohiban el establecimiento de asentamientos de población en zonas de alto riesgo, el control de la erosión e inundaciones y el manejo y custodia de los inmuebles ubicados en zonas catalogadas de alto riesgo no mitigable. En octavo lugar, se analizaron dos aspectos de la sostenibilidad ambiental. El primero de ellos es la agricultura sostenible, que según la PAO se “enfoca en mejorar los sustentos y la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales de la presente generación sin poner en peligro a las generaciones futuras”. Se analizó la realización de programas encaminados a mitigar efectos ambientales de las prácticas agrícolas, el agotamiento de los nutrientes del suelo; agotamiento de los recursos hídricos; emisión de gases efecto invernadero; y la contaminación y degradación de ecosistemas. El segundo aspecto analizado es el de la educación ambiental: se buscó tener acceso a si los municipios de la cuenca del río Magdalena han llevado a cabo iniciativas educativas para construir conciencia ambiental en sus comunidades respecto al río Magdalena y sus afluentes, a través de programas y proyectos. El 58% de los municipios indicó que ha trabajado en pro de la conciencia ambiental respecto al río Magdalena y sus afluentes, mientras que 34% informó no hacerlo; sólo en el 27% de estas entidades territoriales de la cuenca se llevan a cabo actividades culturales y educativas en torno a la importancia del río; en el 8o% de los municipios encuestados se llevan a cabo los proyectos ambientales escolares en la educación básica. El último asunto de la dimensión ambiental es la gobernanza ambiental, ejercida por las autoridades de la cuenca del río Magdalena. Se preguntó a las gobernaciones de la cuenca por la implementación en sus jurisdicciones de las siguientes políticas nacionales relacionadas con el tema ambiental: Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, Política de Gestión Ambiental Urbana, Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares de Colombia, Política Nacional de Producción más Limpia, Política de Bosques y Política Nacional de Biodiversidad. Adicionalmente, se le preguntó a las diferentes Gobernaciones si en su departamento se había expedido en dos períodos diferentes de gobierno, alguna política regional de carácter ambiental que estuviera enfocada a la recuperación y protección ambiental del río Magdalena. Resulta preocupante que tan solo la gobernación del Huila reporte haber expedido una política regional ambiental de recuperación y protección ambiental del río Magdalena. Por otro lado, resulta alarmante que las gobernaciones de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Tolima, reporten no haber expedido políticas durante ambos periodos, demostrando con esto la poca importancia que se da a la expedición y coordinación institucional en temas ambientales. Las gobernaciones de Boyacá, Caldas, Santander no respondieron a esta pregunta. También se preguntó si para el periodo zoo8-2.on los departamentos han desarrollado y ejecutado proyectos de apoyo a los municipios de la cuenca del río Magdalena, en los siguientes temas: Educación ambiental, Acueducto, Alcantarillado, Adecuación de tierras, Conservación del Medio Ambiente, Conservación de Recursos naturales renovables, Tratamiento de aguas residuales, Manejo y disposición final de residuos sólidos ordinarios, Fomento de la actividad pesquen, Proyectos de minería y Gestión del riesgo. Además, se investigó la articulación de acciones institucionales, en coordinación con otras entidades del SINA. Según la encuesta todas las gobernaciones consultadas ejercen en coordinación con las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones para el desarrollo sostenible, y en menor medida con las alcaldías. Sin embargo, se observa poca coordinación con el Instituto Alexander Von Humboldt y los resguardos indígenas, lo cual es de especial atención pues la primera entidad, representa el brazo investigativo del SINA y la segunda, constituye una institución legal y sociopolítica de carácter especial. Por otro lado, sorprende que la articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sea menor del 50%, teniendo en cuenta que es la principal autoridad ambiental y el ente rector de la política ambiental. Se finalizó este punto con el tema de los procedimientos sancionatorios por daños al medio ambiente. Se concluye el análisis de esta parte ambiental, en donde se recapitulan las cuestiones estudiadas. Por último, se elaboran unas conclusiones finales, y se señala que en términos generales, a partir de las respuestas se evidenció desarticulación entre los actores responsables de la protección y desarrollo sostenible de la cuenca del río Magdalena. Lo que se debe a la restringida coordinación interinstitucional, a la ejecución de acciones independientes, las cuales varían entre períodos gubernamentales, entre municipios, departamentos y autoridades ambientales, y no se dirigen hacia un objetivo en común. A pesar de que Colombia cuenta con una legislación ambiental bien desarrollada en el sentido de su acoplamiento con la legislación internacional y los temas de vanguardia en materia ambiental, no se encuentra una política rectora encaminada a la protección y conservación sostenible de la cuenca del río Magdalena. Termina el informe con unas observaciones finales, y se propone considerar la elaboración de una política pública para la conservación y desarrollo sostenible de la cuenca del río Magdalena que integre las variables ambientales, sociales y económicas propias de la región y las funciones de los diferentes agentes rectores; socializar el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca (POMIM) a los municipios, gobernaciones y autoridades ambientales integrantes de la misma; re21i7ar mesas de trabajo con el fin de coordinar acciones en cumplimiento del Plan de ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca (POMIM); priorizar en la protección de zonas vulnerables a la contaminación, deforestación y degradación presentes en la cuenca del rio Magdalena, puesto que en esta se agrupan una variedad de ecosistemas que a lo largo del tiempo han sido catalogados de gran importancia tanto para la conservación como para la investigación; y rea1i7ar capacitaciones y orientaciones por parte las Corporaciones Autónomas regionales y de Desarrollo Sostenible sobre la importancia de la cuenca del río Magdalena, con el fin de articular todo un sistema de protección y manejo sostenible de la misma.
